La contratación pública deberá conducir al servicio de los intereses generales de la sociedad. Principio que orienta la contratación pública, entendiéndose como un mecanismo del cual se vale el Estado para ejecutar sus funciones.

Por esta razón, la contratación estatal y el gran volumen de recursos públicos que asocia, demanda de una vigilancia social efectiva que materialice la participación ciudadana como ejercicio democrático y que, bajo este marco de análisis, cobra relevancia como deber.